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¿Puede usarse el concepto populismo para describir la experiencia neobatllista en nuestro país?

Fede — Mon, 30 Jan 2012 21:18:05 +0000

Vamos a comenzar definiendo y explicando brevemente el desarrollo del concepto populismo y a determinar y adoptar una de las definiciones que se tomará como línea de base del análisis.

Luego describiremos la experiencia neobatllista, el marco histórico y sus principales referencias para finalmente formular una conclusión a modo de respuesta a la pregunta.

Concepto de populismo

Por una parte, no existe un consenso en la academia sobre el concepto y los aspectos donde poner énfasis al momento de examinar diferentes realidades. Por otra parte, este término es utilizado políticamente con connotaciones negativas hacia ciertas modalidades de gobierno, por lo cual, agrega una dificultad extra debido a su falta de neutralidad.

De todos modos, es posible describir algunas características que se pueden identificar como políticas populistas y que nos aproximan al concepto. Un primer aspecto es la figura del caudillo o líder del movimiento, quien se cara

cteriza por una forma de comunicación que busca ser directa con su pueblo, sin intermediarios, siendo asimismo, verticalista y autoritaria. Por otra parte, se exacerba el rol del caudillo como el único conductor capaz de ejercer el liderazgo, teniendo solamente él la solución a los grandes males del pueblo. Todos aquellos que se le oponen son catalogados como enemigos de él y del país, que pasan a ser uno.

La consecuencia directa de lo anteriormente expuesto conlleva a un descrédito o debilitamiento de las instituciones, ya que para el líder populista, las instituciones impiden avanzar a un ritmo lo suficientemente rápido. Esto se suma a una gran desconfianza hacia los partidos políticos, que se los cataloga como enemigos, ejerciéndoles amedrentamientos. Por último, se efectúa, una manipulación de la economía la que es subordinada a la voluntad de obtener beneficios para los más desposeídos, sin tomar en cuenta ninguna norma económica.

En efecto, desde una perspectiva institucional, “los populistas buscan debilitar las instituciones al privilegiar la relación directa con la gente, sin recurrir a canales institucionales. Una vez en el gobierno, los populistas buscan generar relaciones de dependencia y lealtad más hacia la persona que hacia las instituciones. Los populistas prefieren el respeto y la admiración por el líder más que por la posición que el líder ocupa. No es la presidencia la que genera el respeto y la lealtad, sin la persona del presidente. Así, si el presidente dejara la presidencia, la lealtad seguiría más con la persona que con la institución de la presidencia.”[1]

En una dimensión claramente opuesta a la referida, ubicamos al republicanismo, entendido como “un sistema político que protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo”[2].

En conclusión aremos énfasis en la dinámica institucional como referencia indicativa de un populismo totalmente desarrollado, teniendo en cuenta su variante económica como secundaria ya que casi todos los sistemas de poder democrático también abusan de ese recurso.

El neobatllismo

Entendemos al neobatllismo como la época que transcurre desde 1946 a 1958 (Caetano)[3] en la cual se produjeron grandes cambios en nuestro país, en áreas muy diversas como la política, económica, cultural y social. Tomamos como elemento principal el retorno del Batllismo al poder luego de los golpes de estado de Gabriel Terra y Alfredo Baldomir. En tal período, los principales exponentes del Batllismo surgen de las presidencias de Amezaga (1943), Tomas Berreta (1947), Luis Batlle (1947-1951) y Andrés Martínez Trueba (1951-1955), todos ellos del Partido Colorado. El Partido Blanco se encontraba en una fuerte reestructura que lo llevaría por primera vez en el siglo a la presidencia en 1958.

Uno de los rasgos fundamentales de esta época neobatllista fue el crecimiento económico asociado a un intento de encontrar una mejor redistribución de la riqueza, sobre la base de un “modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)” cuyo instrumento principal fue el “sistema de cambios múltiples (SCM)”. Sacando primordialmente recursos del sector primario agrícola ganadero para verterlo en el industrial.

Por otra parte, se produjo un aumento sustancial en la cantidad de funcionarios públicos y jubilados, y situaciones de “uso de influencias” con el “sistema de cambios múltiples”. También se fomento la estatización de empresas privadas no rentables, absorbidas por el Estado con el objetivo de amortiguar crisis sociales en dichos rubros. El estado pasaba a hacerse cargo de sectores económicos abandonados por los privados por falta de viabilidad.

Uruguay toleró sin mayores sobresaltos este aumento indiscriminado del gasto, ya que se encontraba en una época favorable económicamente, primero por la reconstrucción de Europa luego de finalizada la segunda guerra mundial (1945) y luego por la guerra de Corea (1951-1953), lo cual facilitó colocar nuestra producción, esencialmente primaria, a un alto valor.

No consideramos el cambio económico que estas políticas provocaron por fuera de este período de estudio, pero señalaremos que este sistema volvió inviable a la economía uruguaya para afrontar una reducción de los ingresos por parte de las exportaciones, como se vivió a partir de los sesenta.

Otro de los rasgos fundamentales se dio en el ámbito constitucional. Ganada las elecciones por Martínez Trueba, el presidente inicia una serie de contactos para establecer una nueva reforma constitucional en búsqueda de instaurar el colegiado integral. Esta reforma consistía en modificar el Poder Ejecutivo en un órgano de nueve miembros, con presidencia rotativa de un año, asegurando una representación de los dos sectores más votados. Se pactó con el Partido Nacional, donde se contó principalmente con el apoyo de Luis Alberto de Herrera. La reforma fue aprobada en plebiscito.

Todos los sectores partidarios colorados apoyaron la idea del colegialismo, a pesar que los votantes y dirigentes de la lista 15 se sintieron traicionados, ya que pensaban que este intento de reforma estaba propiciado por la lista 14 para detener el desarrollo de su líder Batlle Berres.

Es de destacar que la reforma contó con el triunfo de la lista 14 en todos los departamentos menos Montevideo, en donde la lista 15 era mayoría.

Luis Batlle Berres asume nuevamente la presidencia en 1955 y ejerce su mandato de acuerdo con la nueva constitución durante un año como presidente del consejo.

Populismo y Neobatllismo

En los términos que hemos presentado ambos conceptos, no correspondería asociar la experiencia neobatllista de Uruguay con el concepto de populismo. En efecto, acorde con el pensamiento de Lincoln Maiztegui, “las características esenciales del llamado “neobatllismo” pueden resumirse, aun afrontando el peligro de caer en simplificaciones y simplismo, dentro de las siguientes pautas: la defensa principista de la democracia liberal y el respeto estricto de la legalidad. Este punto separó radicalmente a Luis Batlle Berres de las experiencias populistas como el peronismo, con las cuales, los aspectos económicos admiten similitudes”[4]

La excepcionalidad uruguaya se evidenció en este período, en particular su diferencia con Brasil y Argentina. Uruguay demostró que las variables de su sistema político en los aspectos intra e inter partidarios, marcaron un gran diferencial que impidieron la consolidación de un populismo similar al que efectivamente fue desarrollado en Brasil o en la Argentina de Perón.

Es imprescindible notar la lucha por el predominio dentro del partido colorado, entre sus dos sectores mayoritarios liderados por Lorenzo y César Batlle Pacheco en la lista 14 y Luis Batlle en la lista 15. Esta lucha fue el reflejo de la eterna disputa dentro de este Partido por impedir la toma del poder por individuos que pretendieran ejercer un liderazgo “personalista”.

Luis Batlle poseía una visión social muy cercana a los trabajadores, a la industria nacional, a la no injerencia de potencias extranjeras, a su marcada opinión anticomunista, características que, entre otras, lo van a delinear como el personaje con mayor potencial de convertirse en un líder populista.

Sin embargo, la reforma Constitucional de 1952 instauró el colegiado que, en esencia, es la limitación del poder. Esto impidió que Batlle Berres lograra una presidencia de estilo tradicional, siendo limitada a un año con la participación de otros 8 integrantes. Asimismo, el país contaba con la existencia de una oposición relevante del Partido Nacional.

A pesar de eso, germinaron prácticas que podrían ser catalogadas de populistas, sobre todo en el ámbito de la asignación de beneficios sociales, empleos públicos, trámites, préstamos y todo aquello que contara con la necesidad de un interlocutor político para acceder al beneficio, aunque no existió un único administrador de estas prebendas para beneficio exclusivo de un único líder sino que se distribuyó abiertamente entre la mayoría del espectro político.

Pese a estas situaciones, Uruguay se caracterizó, en este período, por el respeto a la constitución y a las libertades individuales, sociales y políticas. Institucionalmente fue estable, por lo cual se puede decir que populismo, en el sentido de debilitamiento de las instituciones por parte de un caudillo carismático único, no existió en Uruguay.

[1] Patricio Navia, Los partidos políticos como antídoto contra el populismo en América Latina, Revista de Ciencia Política, pág. 26

[2] Extraído de Wikipedia. Republicanismo. http://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo Diciembre 2012

[3] Gerardo Caetano y Milita Alfaro. Cuadernos de ciencia política. Historia del Uruguay contemporáneo. Materiales para el debate. Fcu. ICP

[4] Lincoln R Maiztegui Casas. Orientales, Una historia política del Uruguay. Tomo 3 de 1938 a 1971. Pp 134.

EL EJECUTIVO COLEGIADO EN EL URUGUAY. ARTICULOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917.

Fede — Mon, 21 Sep 2009 17:08:06 +0000

Los capítulos fundamentales se refieren a: organización del Poder Ejecutivo; Gobierno y administración local; relación del Estado con la religión; de la ciudadanía, sus derechos y garantías.

ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO.

Art. 70. – “El Poder Ejecutivo es delegado al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Administración”.

Art. 79. – ” Al Presidente de la República le corresponde: (1) La representación del Estado en lo interior y en el exterior (II) La conservación del orden y la tranquilidad en lo interior y seguridad en lo exterior (III) El mando superior de todas las fuerzas de mar y tierra estando exclusivamente encargado de su dirección. (IV) Nombrar y destituir los Ministros de Relaciones Exteriores, Guerra y Marina e Interior”

Art. 82. – “El Consejo Nacional de Administración se compondrá de nueve miembros elegidos directamente por el pueblo el último domingo de noviembre, mediante el sistema de doble voto simultáneo, por lista incompleta y en las garantías que para el sufragio establece la Sección II. correspondiendo las dos terceras partes de la representación a la lista más votada y la tercera restante a la del otro partido que le siga en el número de sufragios obtenidos. Conjuntamente con los consejeros titulares se elegirán, en la misma forma, otros tantos suplentes”

Art. 85 – “Los Consejeros durarán seis años en el ejercicio de sus funciones, debiendo renovarse por terceras partes cada bienio y gozarán de la asignación que le fijará una ley especial, que deberá dictarse a cada integración bienal”

Art. 97 – “Corresponde al Consejo todos los cometidos de administración que expresamente no se hayan reservado para el Presidente de la República o para otro Poder, tales como los relativos a la instrucción pública, obras públicas, trabajo, industria y hacienda, asistencia e higiene”

Del gobierno y administración local

Art. 130. – “El gobierno y administración locales serán ejercidos por una Asamblea Representativa y por uno o más Concejos de Administración autónomos, elegidos popularmente, con las garantías que para el sufragio establece la Sección II y cuyo número será fijado por la ley”

Art. 131. – “El Concejo de Administración será formado por no menos de tres miembros ni por más de siete”

Capítulo II
De la ciudadanía; sus derechos y garantías.

Art. 9 – ” Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación; como tal es elector y elegible, en los casos y formas que se designaran.

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes:

1. Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.
2. Voto secreto.
3. Representación proporcional integral”.

Relación del Estado con la religión

Art 5º – “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no tiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”

Resumiendo: Esta Carta Magna es la obra de dos fuerzas adversas ubicadas en el mapa político del país; los colegialistas obtenían grandes conquistas de avanzada democrática y ratificaban otras: un ejecutivo parcialmente plural, en espera de llegar al Colegiado integro, la autonomía departamental, el gran principio de la separación de la Iglesia del Estado, voto secreto y representación proporcional. Sus adversarios los blancos apegados a las viejas normas mantuvieron la Presidencia y lucharon por beneficios materiales para la Iglesia Católica.