El pensamiento liberal de Batlle y Ordoñez

la fotoPor Lorenzo Vicens Thievent,

Batlle no practicó su política económica ajustándose a fórmulas. Se atuvo, en toda su actividad, al valor práctico de las ideas. No fue un devoto de escuelas y sistemas. No se preocupó tampoco, de que sus propósitos contrariaran o no opiniones generalmente admitidas como exactas y mucho menos frases hechas que se repiten indefinidamente sin pensar y medir su contenido conceptual. No le importó bogar contra la corriente cuando creyó que el buen puerto estaba aguas arriba. Su pragmatismo determinó, a menudo, apreciaciones erróneas de sus adversarios respecto a los fundamentos y finalidades de sus iniciativas, y, tal vez, confusión en algunos de sus partidarios. No estoy seguro de que esas apreciaciones y esa confusión no subsista todavía, y que muchos se pregunten, aún hoy, si Batlle defendía su régimen de libertad económica con las excepciones que imponen las necesidades sociales, o si preconizaba una intervención sistemática y absorbente del Estado en los fenómenos de la producción y el consumo.

La cuestión se plantea porque Batlle, al mismo tiempo que iniciaba una política intervencionista en materia de legislación de trabajo, existencia de monopolios de hecho, derechos de aduana para proteger la industria, etc., sostuvo la no intervención en otros aspectos de la actividad económica desarrollada por los particulares. No existía en ello contradicción. Batlle no respondía a una escuela; pero respondía a un principio de libertad, hasta donde era posible que esa libertad no afectara intereses sociales.

El pensamiento liberal había inspirado su lucha por el respeto a los derechos humanos contra los gobiernos en los últimos veinte años del último siglo; y fue ese mismo pensamiento liberal que determinó su política cuando tuvo la posibilidad de ejercer una influencia decisiva en nuestra legislación, desde las posiciones de gobierno que ocupaba su Partido. Sus proyectos intervencionistas en la actividad económica privada no era lesivos de la libertad de contratación; eran, por el contrario, un modo de proteger la libertad de ambas partes en el intercambio económico. El obrero a quien no se le asegura condiciones decorosas de vida; el consumidor que tiene que proveerse exclusivamente de lo que ofrece un productor sin competencia que monopoliza una industria o un servicio público; el industrial que no puede competir con los industriales extranjeros favorecidos por una legislación protectora en su país de origen, etc, no gozan de libertad para actuar en el mercado económico. La intervención del Estado es necesaria, no para limitar la libertad, sino para limitar el privilegio que no es una consecuencia de la inteligencia y del trabajo. Lo que predominaba en Batlle, pues, como principio, era el pensamiento liberal.

En materia impositiva Batlle tenía ideas muy claras, muy firmes y, puede decirse, apasionadas. Era irreductiblemente contrario al impuesto a la renta. No le impresionaban los apotegmas de la “mesa del pobre” y de “hacer pagar a los ricos”. Sabía que estos slogans no traducían una realidad y que obraban en el espíritu de la gente por su gestión y no por convencimiento razonable. Entendía que la justicia no estaba en gravar al que trabaja más, produce más y gana más sino al que gasta más. El consumo de las clases pudientes es varias veces superior al de las clases modestas. El impuesto al que gasta está de acuerdo con la máxima de que cada uno debe pagar según sus facultades; y la medida de las facultades está en el mayor consumo. (…)

A menudo se ha dicho que Batlle fue contrario a impuesto a la renta hace un cuarto de siglo y que no hay razones para suponer que, si viviera ahora, después de las transformaciones económicas que ha sufrido el mundo en ese período, mantuviera la misma posición. No es así. La resistencia de Batlle al impuesto a la renta no fue circunstancial y oportunista. Fue lisa y llanamente, un aspecto de su devoción por la libertad y, específicamente por la libertad de trabajo. (…)

El estatismo de Batlle fue verdad, pues, sólo en la medida necesaria para restablecer el equilibrio de la libertad, roto a consecuencia de situaciones de hecho, ventajas o privilegios que no fueran obtenidos por el trabajo. Y nada más. Hay mucha distancia entre el estatismo limitado que consiste en sustituir a los individuos en las empresas que no pueden iniciar sin perjudicar los intereses sociales, y la economía dirigida que significa la anulación de los valores más estimables del hombre libre: la inteligencia, la imaginación y la fe en el trabajo.

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